Las discusiones acerca de la gobernanza en el desarrollo suelen confundir los insumos con los resultados. Un resultado de “gobernanza deficiente” tiene dos causas subyacentes muy diferentes: una de ellas es un liderazgo realmente “corrompido,” en el que el poder político está en manos de dirigentes brutales o ladrones. El Estado puede funcionar para beneficio personal de una reducida élite o un grupo étnico, o un grupo de intereses particulares. En algunos países, al cabo de varios años esta corrupción se vuelve endémica. Esos son los casos en los que los dirigentes no tienen la intención de conseguir objetivos de desarrollo de amplia base, y la posibilidad de conseguir importantes reducciones en materia de pobreza es escasa.
La segunda causa, al otro extremo del espectro, es que la gobernanza es débil, no por la mala voluntad de los dirigentes, sino como consecuencia de que el Estado carece de los recursos financieros y de la capacidad técnica necesarios para gestionar una administración pública eficaz. Muchos de los países más pobres del mundo están en esta segunda categoría, en la que los gobiernos carecen de los recursos necesarios para hacer funcionar efectivamente al sector público. En esos casos, la solución consiste en invertir para mejorar la gobernanza. A continuación figuran las metas que deben perseguirse:
- Promoción del imperio de la ley. Los regímenes administrativos y jurídicos requieren un poder ejecutivo de gobierno, una judicatura y órganos legislativos que dispongan de personal adecuado y de recursos apropiados.
- Promoción de derechos políticos y sociales. Los Objetivos reflejan normas de derechos humanos, que se pueden promover en el plano nacional mediante una evaluación de recursos humanos que tenga en cuenta los planes basados en ODM en sus compromisos nacionales respecto de los principios de derechos humanos.
- Promoción de una administración pública eficaz y responsable. Una mejor gobernanza depende de los regímenes de responsabilidad política y burocrática, de la transparencia, y de la participación, especialmente de los pobres.
- Promoción de políticas económicas sólidas. Las acciones gubernamentales –como la gestión macroeconómica, las inversiones adecuadas en infraestructura y una prestación de servicios públicos libre de toda corrupción– son fundamentales para el desarrollo del sector privado, según se indicó en la Comisión sobre el sector privado y el desarrollo y en el Informe sobre el desarrollo mundial, 2005.
- Apoyo a la sociedad civil. Los gobiernos tienen una responsabilidad especial de proporcionar a la sociedad civil la libertad de expresar sus opiniones, una voz normativa que participe en la planificación y examen de las estrategias para los ODM, y espacio institucional que apoye la aplicación de estrategias de inversión pública.
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